La Internacional de Servicios Públicos (ISP), junto al TNI (TrasnationalInstitute), con el apoyo financiero de la FES (Fundación Ebert Stiftung), nos presenta un trabajo sobre los sistemas de “justicia” paralelos globales, denominados ISDS (sigla que se corresponde, en inglés, al término “solución de controversias entre inversores y Estados’).
El estudio de la ISP-TNI, nos presenta un ejemplo real y concreto de cómo operan estos sistemas paralelos de justicia:
“Imaginen que una empresa extranjera llega al país prometiendo desarrollo, y, en vez, libera 64 mil millones de litros de agua tóxica y 650.000 barriles de crudo en el medio ambiente1 causando un desastre ambiental de tal magnitud que es comparado con el desastre de Chernóbil. Unas 30 mil personas afectadas por la contaminación, incluyendo el haberse enfermado de cáncer3, demandan a la empresa por los daños causados. Después de 20 años de juicio, las cortes nacionales, incluyendo la Suprema Corte Constitucional, ordena que la empresa indemnice a los afectados. La comunidad parece haber salido victoriosa.
Pero, la empresa, buscando escapar su responsabilidad, demanda al país por considerar que fue denegada de justicia, y le exige millones de dólares a modo de indemnización. Pero esta demanda no es presentada ante la justicia nacional, sino ante tres árbitros internacionales privados que carecen de condiciones mínimas de imparcialidad e
independencia. Estos tres abogados que tienen de por si un sesgo pro-inversor, fallan a favor de la empresa y ordenan al Estado que intervenga en el poder judicial y evite la ejecución de la sentencia a favor de las comunidades afectadas. Como resultado, después de casi 10 años de haber sido condenada, la empresa sigue sin hacerse cargo de su irresponsabilidad medioambiental. Mientras tanto, el poder ejecutivo, siguiendo las indicaciones de los árbitros interviene para tratar de evitar que las comunidades afectadas reciban la compensación que les corresponde.
La escena no es imaginaria. Esto es exactamente lo que pasó en Ecuador con la petrolera Chevron y sus operaciones en el Amazonas. El tratado de protección de inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos abrió la puerta a que la empresa accediera a un sistema paralelo de justicia conocido como ISDS (sigla que se corresponde, en inglés, al término ‘solución de controversias entre inversores y Estados’), reservado a las corporaciones y los ricos.
Mediante este mecanismo las empresas pueden demandar a los países cuando consideran que las decisiones de los gobiernos o las sentencias judiciales nacionales —incluso aquellas cuyo objetivo explícito es proteger a las personas o el medio ambiente— afectan sus beneficios. Estas demandas eluden los tribunales nacionales y se interponen ante un tribunal internacional integrado por tres abogados especializados en inversiones que deciden qué es más importante, si las ganancias privadas o los intereses públicos”.
Si es de tu interés abundar sobre el conocimiento de estos mecanismos y sistemas paralelos de “justicia” global, descarga en pdf el estudio de la ISP-TNI:
Para descargar.
ISP-TNI-La Justicia Paralela. Pdf.
